La Consejería de Fomento y Vivienda abrió en Andalucía
durante el ejercicio 2012 un total de 118 expedientes sancionadores por
realizar servicios de transporte público de viajeros sin autorización,
los denominados taxis piratas. En los tres primeros meses de este año
las infracciones que han sido castigadas ascienden a 43, con lo desde el
pasado año hasta la actualidad se acumulan 161 casos tramitados. Con
esta labor inspectora, desde la Junta de Andalucía se pretende luchar
contra el intrusismo en el sector del taxi.
Las sanciones impuestas están cuantificadas en 1.501 euros
cada una, y en caso de reincidencia o especial gravedad de la infracción
por la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido, el perjuicio
causado o la repercusión social la infracción puede castigarse con una
cuantía de 4.601 euros. De hecho, de los 161 expedientes tramitados
desde 2012, en 78 se aplicó la multa máxima y en 83 se penalizó la
infracción con la sanción más leve.
Por provincias, en Almería y Cádiz se han registrado 34
sanciones, respectivamente; en Granada cuatro, en Huelva 15, en Jaén
siete, en Málaga 48 y en Sevilla un total de 19. En Córdoba no se han
tramitado expedientes por ese concepto.
Este tipo de castigos suele ir acompañado, tal y como
establece la actual Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT),
de ámbito y competencia estatal, del precinto del vehículo infractor,
aunque esta medida no puede llevarse a cabo hasta la tramitación
completa del expediente y debe ser ejecutada por la Subdelegación del
Gobierno.
Dado el carácter diferido de dicha sanción y la dificultad
que conlleva localizar al infractor y el vehículo una vez que ha
concluido el procedimiento, desde la Consejería de Fomento y Vivienda se
está trabajando conjuntamente con los taxistas para aplicar en la
comunidad una norma que permita la inmovilización del turismo en el
mismo momento en el que se detecta el acto ilícito. No obstante, al ser
la normativa que establece estas sanciones una ley estatal, el Gobierno
autonómico no puede introducir cambios en su corpus legal, por ello el
texto que se está redactando se incluirá como modificación de la Ley
2/2003 de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de
Viajeros en Andalucía, de carácter autonómico. Con esa iniciativa, que
responde a una reivindicación planteada por el propio sector, se
pretende articular medidas más ágiles y eficaces contra las prácticas
piratas que se detectan en este ámbito del transporte.
El intrusismo en el sector del taxi no sólo supone un grave
perjuicio económico para los profesionales que prestan este servicio de
transporte de forma regulada y de acuerdo a la Ley, sino que también
deja totalmente desprotegido al consumidor que, en algunos casos, es
absolutamente desconocedor de que el conductor no cuenta con el permiso
reglamentario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario