La Comisión cree que Madrid no le da garantías suficientesEl Ayuntamiento solicitó a la Unión Europea una prórroga para poder seguir sobrepasando los límites de NO2
hasta el 1 de enero de 2015. Como contrapartida, la UE le obligó a
tomar medidas que garantizaran que al llegar esa fecha cumpliría los
niveles legales. Para ello, Ana Botella aprobó el Plan de Calidad del Aire, con el cual se comprometía a dejar de contaminar a finales de 2014.
Sin embargo, la Comisión Europea no confía en que se cumpla el
compromiso: "La Comisión no considera demostrado que se alcanzará el
cumplimiento al finalizar el periodo máximo de prórroga", según el
documento emitido por la institución comunitaria. En consecuencia,
Bruselas ha decidido denegar la solicitud del Ayuntamiento para que le
concedieran esa prórroga.
Concretamente, el documento de la Comisión Europea,
enviado al Reino de España, establece: "Se formulan objeciones a la
notificación por el Reino de España de una prórroga del plazo para el
cumplimiento del valor límite anual y horario de NO2 fijado en la directiva 2008/50/CE
en la zona de Madrid". En la práctica, esas "objeciones" implican una
denegación de la prórroga, según fuentes conocedoras de los
procedimientos legales comunitarios.
Tribunal de Justicia Europeo
Ahora el Ayuntamiento y el Ministerio de Medio Ambiente se arriesgan a que el Tribunal de Justicia Europeo abra un proceso que podría desembocar en una multa al Estado español
por los gases emitidos desde 2010. A ojos de las instituciones
europeas, es el Estado quien debe responsabilizarse de que sus distintas
administraciones (en este caso, el Ayuntamiento madrileño) cumplan las
directivas legales. El destinatario del documento de la Comisión es el
Reino de España, dado que los interlocutores de esta institución europea
son los estados miembros de la UE. El primero en conocer el escrito es el Ministerio deAgricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, a continuación, se le remitirá al Ayuntamiento.
Los niveles establecidos en la directiva son muy exigentes"La
Comisión dejará un breve plazo, de unos dos meses, para ver si se
presentan alegaciones o medidas reductoras. Después, se abriría un
procedimiento de infracción", explica Samuel Martín-Sosa, portavoz de Internacional de Ecologistas en Acción.
Aunque existen pocos precedentes de ello, la UE podría imponer una
sanción a España y, por extensión, a Madrid. La cuantía se establecería
en función de la cantidad de emisiones, del tiempo que se haya
contaminado y de los daños que se hayan producido. "Podría ser
millonaria", apunta Martín-Sosa.
A través de un comunicado, el Ayuntamiento de la capital asegura que su plan del aire "es un instrumento válido
para conseguir a 31 de diciembre de 2014, los niveles de concentración
de dióxido de nitrógeno establecidos en la directiva europea", aunque
destaca que los límites legales "son extraordinariamente exigentes".
También defiende que entre 2011 y 2012 "los niveles de NO2 han
descendido un 13%" en Madrid y que seguirá "trabajando para reducir los
niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire". Además, el
gobierno de Ana Botella compara su situación atmosférica con "la de la
mayoría de las capitales europeas" y recuerda que ya se ha denegado la
prórroga a una treintena de urbes del continente, entre ellas Barcelona y Palma de Mallorca.
Subió los parquímetros
La institución europea, además, urge a Ana Botella a tomar nuevas
medidas para reducir la polución: "Sería necesario incluir medidas de
reducción de la contaminación más estrictas en los planes de calidad del
aire pertinentes". El plan municipal de Madrid, aprobado en 2012,
consta de 70 medidas para disipar la boina de polución. Las más
destacadas son la ampliación del horario y la subida del 10% en las tarifas de los parquímetros,
la incorporación de autobuses y taxis ecológicos, el fomento de la
movilidad ciclista con carriles bici y ciclocarriles y la renovación de
calderas contaminantes. Sin embargo, la Comisión no las considera
suficientes.
Además, algunas de las medidas incluidas en el plan (como la peatonalización de calles,
la creación de áreas de prioridad residencial o un sistema público de
alquiler de bicis) están en el aire por falta de presupuesto. Por otro
lado, los ecologistas y la Defensora del Pueblo creen que la única medida que surtiría efecto sería el cierre del centro de la capital al tráfico rodado. Pero Ana Botella ha reiterado en múltiples ocasiones que no está en sus planes impedir la
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